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La Policía Comunitaria de Guerrero en México: una institución de los pueblos para la seguridad y justicia desde abajo

Por: Daniele Fini*

La historia del Estado de Guerrero en México, encuentra su hilo conductor en la violencia, en particular la violencia política. La actitud autoritaria y represiva de las élites locales tratando de mantener las grandes desigualdades que atraviesan a la región, continuamente se ha enfrentado con los intentos organizativos rebeldes de las clases populares. Ahí en los ’70 operaron las dos principales guerrillas rurales mexicanas. Hoy en día no han parado los asesinatos y desapariciones de activistas o políticos locales, al contrario, han incrementado y al igual que en muchos Estados del país, la violencia está relacionada a la delincuencia organizada. Guerrero en 2015 representaba el Estado mexicano con el mayor número homicidios en relación al número de habitantes. En la prensa local, a diario se reportan noticias de asesinatos o eventos delictivos, pero lo interesante que se nota es que casi la totalidad de estos acontecimientos ocurren en las regiones del centro, norte y occidente del Estado; en las regiones llamadas Montaña y Costa Chica, en el sur oriente del Estado, los índices de violencia relacionada a la criminalidad organizada son mucho más bajos que en las demás. En varios municipios de estas dos regiones, desde hace más de veinte años funciona un Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria que toma el nombre de CRAC-PC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria).

 La CRAC-PC surgió en 1995 en un clima de inseguridad que afectaba a los campesinos cuando se trasladaban de sus comunidades a la única ciudad de la región para ir a vender su cosecha de café. En aquellos años eran frecuentes asaltos en las brechas y caminos. Varias veces terminaban con asesinatos y violaciones a las mujeres. Representantes de las comunidades empezaron a convocar asambleas para resolver este asunto, pero frente a la insensibilidad mostrada por los diferentes niveles de gobierno, decidieron que la única alternativa que les quedaba era organizarse ellos mismos para atender su seguridad. El 15 de octubre 1995, representantes de 28 comunidades acordaron conformar sus propios grupos de seguridad, que nombraron Policía Comunitaria. En cada localidad se eligieron en asamblea a un grupo de policías, según el funcionamiento del sistema de cargos y de la lógica del servicio de las comunidades indígenas.

 No era nada nuevo la existencia de grupos de seguridad comunitarios en los pueblos indígenas mexicanos. Siempre hubieron en la historia, y en muchos lugares aún siguen funcionando al interior de sus propias comunidades. La novedad de esta Policía Comunitaria fue que sus grupos no sólo se dedicaron a operar en sus localidades sino que se coordinaron entre ellos para patrullar y moverse por todo el territorio, puesto que el problema en aquel entonces eran los asaltos en los caminos. En la práctica se generó un proceso de articulación a nivel regional de grupos de seguridad que no dependían de las instituciones oficiales sino que de sus instancias comunitarias, coordinados bajo el mando de comandantes regionales y de una asamblea regional.

 Investigaciones y reportajes periodísticos han reportado los éxitos del proceso comunitario, bajando los índices delictivos entre 90% y 95%, alcanzando gran respecto y consenso en toda la región. Inicialmente los delincuentes o supuestos tales que eran detenidos, se lo entregaban a los entes de justicia oficiales. Pero, el contexto de corrupción e ineficiencia de estos órganos provocaba que en muchos casos eran dejados en libertad dentro de pocas horas o días, causando un gran malestar en la población. Así que en 1998 en una asamblea regional los pueblos decidieron constituir su propia instancia de justicia comunitaria que nombraron Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, conformada por un consejo de autoridades nombradas en la asamblea, encargados de la impartición de justicia. A partir de aquel entonces, los detenidos son juzgados por este órgano, en su propia lengua y según procedimientos de las comunidades locales. Si son condenados, entran en un proceso que llaman reeducación. Son privados de su libertad, pero no van a una cárcel, sino que son enviados por periodos de 15 días a una comunidad. Ahí los policías comunitarios y las autoridades locales son encargados de resguardar a los presos, de proporcionarle comida y de hacerlos trabajar 8 horas al día, de lunes a sábado, en actividades para la comunidad.

Con los años el proceso se ha expandido, integrando a su interior comunidades campesinas mestizas y más recientemente población urbana, llegando a ser una institución comunitaria regional y pluriétnica: actualmente participan ahí poblaciones de más de cien localidades, de tres etnias diferentes.

A pesar de algunas escisiones internas pasadas en los últimos tres años, el espacio de la CRAC-PC se ha vuelto también un ámbito de articulación entre sus pueblos para enfrentar problemas de varios tipos. Esto se comprobó en 2011 cuando, frente la amenaza de proyectos de minas a cielo abierto en toda la región, asambleas regionales de la CRAC-PC impulsaron el movimiento de protección del territorio comunitario. Territorio comunitario es el nombre que la gente le da al espacio en el cual actúa la policía comunitaria. Es un nombre que no aparece en los mapas oficiales, sino que es fruto del actuar colectivo de estos pueblos, que en los años van constituyéndose en un sujeto colectivo centrado en sus estructuras comunitarias y bajo el control de sus asambleas.

 Desde 2013 han surgido decenas de grupos de ciudadanos armados en todo el estado de Guerrero como respuesta al recrudecimiento de la violencia de la criminalidad organizada contra la población. En la actualidad, fuentes periodísticas reportan la existencia en la entidad –además de la CRAC-PC– de 4 sistemas de seguridad y justicia ciudadana y 5 grupos de autodefensa, en los cuales participan alrededor de 20 mil ciudadanos armados. Algunos de estos grupos surgidos recientemente ingresaron en la CRAC-PC, pero sus acciones se confrontaron en manera directa con las instancias gubernamentales, lo cual le causó una dura represión. Por ejemplo, los policías comunitarios detuvieron al alcalde y policías municipales por estar vinculados y protegiendo a los criminales en esta localidad. Por lo anterior, la comandanta de este grupo comunitario, Nestrora Salgado, fue detenida, acusándola de secuestro. Desde 2013 hay 13 integrantes de la CRAC-PC en la cárcel debido a su actividad. La lucha de Nestora ha alcanzado apoyos y solidaridad en todo el país y a nivel internacional, representando un caso paradigmático entre los muchos esfuerzos desde abajo para construir alternativas de vida digna dentro de un Estado mexicano cada vez más coludido con la violencia criminal.

*Maestro en antropologia, Doctorante en sociologia en el ICSyH-BUAP. Ha estudiado movimientos indígenas y conflictos socioambientales en México. Actualmente se interesa de experiencias de defensa y justicia comunitaria.

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